Por Ligia Amelia Herrera Ramos* y Ricardo David Rangel López**
Este año, en Córdoba, compartir el afiche de un niño, niña o adolescente desaparecido en grupos de WhatsApp o muros de Facebook se ha vuelto un gesto cotidiano de solidaridad y angustia. Sin embargo, detrás de esa visibilidad digital persiste una desconexión crítica: un aviso en redes sociales no equivale a un reporte oficial ni activa las rutas estatales de búsqueda. Mientras las alertas circulan de pantalla en pantalla, los registros oficiales revelan un alarmante repunte reciente y profundas grietas institucionales que impiden dimensionar y frenar el fenómeno.
Los datos del Sistema de Información Red Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), administrado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, trazan una radiografía reveladora. Entre 2016 y agosto de 2026 se registraron en Córdoba 191 personas desaparecidas, con un promedio histórico de 15 casos anuales hasta 2025. No obstante, en los primeros ocho meses de 2026 la cifra se disparó a 41 reportes, un incremento del 173,3 % frente al promedio de la década anterior.
El salto más preocupante recae sobre la niñez y la adolescencia. De los 191 registros totales, 49 corresponden a menores de 18 años (25,65 %). Mientras que entre 2016 y 2024 apenas ingresaban al sistema entre uno y cinco menores por año, en 2025 se reportaron ocho y en lo corrido de 2026 la cifra ascendió a 20 casos; es decir, cuatro de cada diez menores registrados en once años desaparecieron este año. Es posible afirmar que el cruce institucional explica parte de este quiebre: 12 de los 13 reportes históricos realizados por el ICBF en Córdoba ocurrieron en 2026, junto con 5 de la Fiscalía, 2 de Medicina Legal y 1 de la Policía Nacional. Esto demuestra mayor articulación reciente, pero confirma el enorme subregistro que ocultó el problema durante años.
Las cifras también desnudan una marcada desigualdad de género. Mientras en los adultos desaparecidos predominan los hombres (83,8 %), en menores de edad la proporción se invierte: el 61,2 % corresponde a niñas y adolescentes mujeres. Además, el 73,5 % de los menores se concentra en la adolescencia (12 a 17 años), etapa donde confluyen riesgos de violencia intrafamiliar, captación por redes de trata, explotación sexual comercial, engaños digitales y reclutamiento por actores armados ilegales.
Territorialmente, cinco municipios concentran el 64,9 % de los casos del departamento: Montería (69 reportes, 16 menores), Tierralta (20), Lorica (15), Sahagún (10) y Montelíbano (10). En contraste, según información compartida por la Defensoría del Pueblo en conversaciones sostenidas durante la investigación para este artículo, en municipios como San Pelayo (dos casos en once años), Chinú (uno), Tuchín (uno) y San Carlos (ninguno) se han reportado alertas comunitarias que apenas figuran en las estadísticas estatales. A ello se suma la fragilidad del dato: el 75,5 % de los menores sigue figurando como desaparecido sin cierre oficial, el 93,9 % carece de clasificación sobre el contexto del hecho y el 98,9 % del total departamental omite la pertenencia étnica, invisibilizando a pueblos indígenas y afrodescendientes.
¿Por qué muchas ausencias nunca llegan al SIRDEC? En este cuello de botella operan barreras culturales y procedimentales. La primera es el falso mito de las 72 horas: en Colombia no existe ningún plazo de espera para reportar una desaparición; las primeras horas son vitales para activar de inmediato el Mecanismo de Búsqueda Urgente o la Alerta Rosa. La segunda es la falsa sensación de gestión que producen las redes sociales, que no se cruzan con las bases estatales. Para ingresar un caso al SIRDEC es indispensable diligenciar el Formato Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas ante Medicina Legal, la Fiscalía (línea 122), la Policía, la Defensoría del Pueblo o las Personerías Municipales, trámite que no exige denuncia penal previa. Finalmente, cuando un adolescente retorna por sus propios medios, las familias suelen borrar la publicación digital sin notificar a las autoridades, distorsionando las cifras reales.
Tratar estas ausencias únicamente como un asunto policial resulta insuficiente. Incluso cuando la salida del hogar parezca voluntaria, la institucionalidad debe actuar sin prejuicios, verificar la integridad del menor y ofrecer acompañamiento psicosocial.
Desde el enfoque de derechos humanos y construcción de paz que orienta el trabajo de CORDUPAZ, revertir esta tendencia exige acción territorial. Resulta prioritario descentralizar el acceso al SIRDEC capacitando a las Personerías Municipales, comisarías de familia y enlaces comunitarios y étnicos, evitando que las familias rurales deban desplazarse hasta las cabeceras urbanas para activar una búsqueda. Asimismo, urge fortalecer la pedagogía ciudadana en escuelas y hogares para derribar mitos sobre la denuncia, promover el uso seguro de plataformas digitales y garantizar seguimiento psicosocial tras cada localización.
Proteger a la niñez cordobesa es una obligación ineludible del Estado y una tarea de corresponsabilidad social. Convertir la angustia de las redes en rutas efectivas de denuncia y datos confiables es el único camino para que ninguna alerta se vuelva paisaje y cada niño, niña y adolescente en Córdoba crezca libre de violencias.
* Profesional en Gerontología y defensora de derechos humanos, pasante en CORDUPAZ en el marco del Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
** Coordinador Técnico y de Proyectos de CORDUPAZ.
Este artículo constituye una síntesis divulgativa de un análisis estadístico y territorial más amplio desarrollado en CORDUPAZ sobre los registros del SIRDEC en Córdoba (2016–2026).
Imagen generada con Gemini.



