Por Javier H. Sánchez Rodríguez* y Miguel Morales Colón**
En los territorios donde CORDUPAZ camina junto a las comunidades de Córdoba, Urabá y el Darién chocoano, la gestión del riesgo no puede seguir siendo un asunto técnico reservado a las dependencias oficiales. Hablamos de una gestión integral porque no solo se reconocen las amenazas naturales, como las inundaciones, los deslizamientos y las sequías, sino también los riesgos sociales, los sanitarios, los asociados a conflictos y violencias, y hasta los tecnológicos. Cuando las inundaciones arrasan cultivos, cuando los ríos se desbordan sobre viviendas levantadas en zonas no aptas para la construcción, cuando la erosión costera avanza sobre playas y medios de vida, o cuando un invierno intenso deja a miles de familias sin techo ni alimentos, lo que está en juego no es solo infraestructura: es la vida, los bienes comunes y la dignidad de la gente, que en buena medida son también las más vulnerables.
La Ley 1523 de 2012 estableció que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad; sin embargo, la realidad territorial aún dista de ese mandato legal. El informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley No. 355 de 2026 Senado, “Por medio de la cual se establecen medidas especiales para la reactivación económica, la recuperación productiva y la reconstrucción de la infraestructura afectada en el departamento de Córdoba y en la subregión del Urabá por la ola invernal, y se dictan otras disposiciones”, del 7 de abril de este año, reveló cifras que duelen: 169.445 personas afectadas en Córdoba y Urabá, 4.072 viviendas destruidas y 17.535 hectáreas de cultivos perdidas en Córdoba. En el Urabá antioqueño, las inundaciones y deslizamientos dejaron más de 1.100 familias damnificadas y al menos 95 viviendas con daños severos o pérdida total, especialmente en zonas rurales de Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá. Valga decir que detrás de cada número hay una familia que perdió su sustento diario, un líder social que ve profundizarse la vulnerabilidad de su comunidad, un niño o niña que no puede volver a la escuela porque el colegio quedó inutilizado.

Para CORDUPAZ, la gobernanza de la gestión del riesgo exige tres condiciones fundamentales:
- Información accesible y actualizada: los estudios de amenaza y los planes municipales deben llegar a las veedurías y organizaciones comunales y de base, no quedarse en los anaqueles burocráticos. Desde 2023, en el marco del programa Ireland’s Civil Society Partnership for a Better World (2023–2027), auspiciado por Irish Aid e implementado junto con la ONG internacional GOAL, hemos evidenciado que muchos mapas y productos cartográficos disponibles están desactualizados. Los Sistemas de Información Geográfica presentan zonificaciones que no reflejan las transformaciones recientes del territorio, lo que limita la toma de decisiones preventivas y demuestra la urgencia de fortalecer los mecanismos de divulgación y acceso a la información.
- Participación vinculante: las comunidades afectadas deben tener voz y voto en los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, reconociendo su conocimiento directo sobre el territorio.
- Financiación real y priorizada: aunque la ley prevé fondos territoriales, en municipios de categorías 5 y 6 los recursos suelen ser insuficientes o se ejecutan sin atender la reducción del riesgo estructural.
Esta lectura se conecta con el enfoque de medios de vida sostenibles que hemos promovido desde nuestra fundación. Después de la ola invernal de 2010–2011, apoyamos la recuperación de más de 600 familias de Turbo, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá en Antioquia; y de Ayapel, La Apartada y Buenavista en Córdoba, a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aplicando este enfoque. Esta visión también se plasma en el Plan Clima y Paz 2040, una hoja de ruta para Urabá construida junto con CORPOURABÁ, el Grupo E3 y la participación activa de más de 300 personas y 105 organizaciones, que articula la adaptación climática con la construcción de paz.
Un medio de vida es sostenible cuando una familia puede absorber embates de la naturaleza, como una sequía o una inundación, y recuperarse sin deteriorar su patrimonio ni los recursos naturales. Al destruirse viviendas y cultivos, se fractura el capital natural, físico, financiero, humano y social que sostiene a las comunidades. La gestión del riesgo debe ir más allá de la reacción: debe partir del conocimiento de las dinámicas ecosistémicas para fortalecer capacidades comunitarias y reducir vulnerabilidades.
Articular la memoria y la experiencia colectiva de los pobladores con el saber técnico resulta fundamental. Las comunidades identifican cambios que a menudo no han sido documentados por los diagnósticos oficiales, lo que permite diversificar los medios de vida, proteger ecosistemas reguladores de agua (ciénagas, rondas hídricas, manglares) y diseñar medidas de adaptación pertinentes.
La ola invernal de 2026 evidenció que el modelo actual no funciona para los más vulnerables. El decreto de emergencia nacional reconoció que los instrumentos de planificación no reflejan adecuadamente las condiciones del sistema hídrico. Se sabía del riesgo, pero no se actuó con la contundencia que la vida exigía. Eso no es un accidente: es una decisión política.
La paz también se construye cuando una familia sabe que su vivienda no será arrastrada por el próximo invierno, cuando una comunidad puede sembrar sin miedo a perderlo todo, cuando el Estado protege la vida antes de la tragedia. Esa es la gestión del riesgo como derecho. Esa es la apuesta por el bien común desde el territorio.
CORDUPAZ invita a sus socios, aliados y comunidades a seguir tejiendo esta agenda. La próxima emergencia no debe encontrarnos sin plan, sin recursos y sin voz.
* Coordinador del Proyecto GOAL – CORDUPAZ, financiado por el Programa “Ireland’s Civil Society Partnership for a Better World (2023-2027)”, con el respaldo de Irish Aid.
** Profesional de Gestión del Riesgo del Proyecto GOAL – CORDUPAZ, financiado por el Programa “Ireland’s Civil Society Partnership for a Better World (2023-2027)”, con el respaldo de Irish Aid.



