Diez años del Acuerdo de Paz: sin veeduría ni presupuesto

Diez años del Acuerdo de Paz. Foto: Guillermo Legaria, El Espectador

Por Ricardo David Rangel López*

Estamos a las puertas de cumplir una década de la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 en el Teatro Colón. Diez años en los que el país ha intentado, entre tropiezos y voluntad, poner fin a medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, en el umbral de esta conmemoración, la diplomacia colombiana ha pegado un giro paradójico: solicitar ante el Consejo de Seguridad de la ONU la exclusión del seguimiento al Punto 1 (la Reforma Rural Integral) del mandato de su Misión de Verificación.

A través de la Resolución 2833 de octubre de 2026, la ONU aceptó restringir su supervisión a la reincorporación de los excombatientes y a las garantías de seguridad. Para el Gobierno nacional, la medida se justifica bajo el argumento de la soberanía institucional. Palabras más, palabras menos, Gaona y Bula dijeron que el acceso a la tierra y el desarrollo del campo son políticas de Estado permanentes que superan la naturaleza de un seguimiento multilateral que ha de velar por que no se repita la violencia.

El asunto es que desligar la tierra de la paz es ignorar la entraña misma de la guerra en Colombia, porque el conflicto campesino nunca fue un decorado de la confrontación armada, sino su combustible principal.

Así las cosas, al desvincular a la ONU del seguimiento a la Reforma Rural Integral, la supervisión técnica e independiente sobre la entrega de predios, la formalización y la inversión en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se traslada por entero a la burocracia local y nacional. Y este hecho coincide, peligrosamente, con los recortes presupuestales proyectados para la Agencia Nacional de Tierras y la paralización de billonarias partidas para la compra de predios. Así, sin la veeduría imparcial de la ONU en las regiones, el riesgo de que la reforma agraria se quede en veremos o quede reducida a subsidios asistenciales desprovistos de transformación estructural se convierte en una amenaza inminente.

Lo ocurrido es aún más doloroso cuando se constata lo que quedó aprobado en la sesión del Consejo de Seguridad del 30 de octubre de 2026. Tras fijar el objeto inicial de la Misión en la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad mediante la Resolución 2366 de 2017, la ONU había ampliado progresivamente su supervisión hacia otros pilares del Acuerdo: aprobó el seguimiento a las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, Punto 5.1.2) mediante la Resolución 2545 de 2020 y sumó la verificación de la Reforma Rural Integral (Punto 1) y del Capítulo Étnico (Punto 6.2) a través de la Resolución 2673 de 2023. Sin embargo, la Resolución 2833 del 30 de octubre de 2026 acotó la prórroga y el mandato únicamente a lo establecido en la Resolución 2366 de 2017. Por consiguiente, la renovación del mandato borró de un plumazo la veeduría internacional sobre la Reforma Rural Integral, la verificación de las sanciones restaurativas de la JEP y el seguimiento dedicado al Capítulo Étnico.

En el Sur de Córdoba, la falta de monitoreo internacional desprotege la articulación entre la sustitución de cultivos ilícitos y la titulación campesina, y compromete la continuidad de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), dejando a las comunidades expuestas al chantaje o a la coacción de grupos armados para seguir sembrando coca o ceder sus tierras. En el Urabá, una subregión marcada por el despojo histórico y las presiones agroindustriales, el retiro del seguimiento priva a los campesinos e informales de un contrapeso clave para impulsar los exigentes procesos de restitución y deslinde de predios. En el Chocó, la situación roza la desprotección total. Al desmantelar la verificación del Punto 1 se suma la exclusión del seguimiento al Capítulo Étnico (Punto 6.2); esto deja a los Consejos Comunitarios y resguardos indígenas de las cuencas del Atrato y del San Juan sin una instancia multilateral que garantice la titulación colectiva en áreas asediadas por el confinamiento y el reclutamiento.

Aunque, jurídicamente, es cierto que el Estado colombiano está obligado a implementar el Acuerdo de buena fe hasta 2031, independientemente de lo que se decida en Nueva York, también es cierto que la exigibilidad de la implementación se desplaza de la diplomacia internacional a los estrados de las altas cortes y al control de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Muestra irrefutable de este desplazamiento es el Auto 1538 de 2026, emitido por la Corte Constitucional el 4 de noviembre, mediante el cual el alto tribunal le hizo un tremendo llamado de atención al Gobierno nacional por las fallas operativas, los bloqueos institucionales y el debilitamiento en el seguimiento a las garantías de seguridad para los firmantes de paz. En el auto, la Corte no solo respaldó los llamados de la Defensoría al alertar sobre cerca de $53.000 millones retenidos en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y una severa proyección de recorte presupuestal del 79,1 % en inversión, sino que dio plazos de 20 y 30 días hábiles para poner a funcionar la CSIVI, el SISEP y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, recordándole al Gobierno que, en lo relativo al Acuerdo de Paz, la autonomía gubernamental tiene un límite: el principio de progresividad y no regresividad de lo pactado.

En definitiva, diez años después, el verdadero homenaje a la paz no era aliviarle la carga a la ONU para evitar dar explicaciones, sino saldar la deuda con la gente del campo. La paz no se agota persiguiendo criminales ni se hace en un escritorio: la paz se siembra y echa raíces en la tierra, y darle la espalda a la mirada del mundo sobre el campo es, ni más ni menos, dejar a la suerte la entraña misma del Acuerdo.


* Coordinador Técnico y de Proyectos de CORDUPAZ.

Imagen: Guillermo Legaria, tomada de El Espectador.

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