Propósito del PET.
Crear y consolidar procesos de formación, organización, movilización e incidencia ciudadana para la exigencia, respeto y promoción de los derechos humanos y la construcción de paz desde las bases de la cultura, la educación, el arte y el tejido social. Estos derechos, más que un discurso institucional, son reivindicaciones sociales que, en algunos casos, han sido reconocidos dentro de la Constitución y las leyes y que, debido a su carácter dinámico, deben seguir siendo impulsados; este impulso, históricamente, se ha dado por parte de la ciudadanía, a manera de exigencias ante el gobierno.
Articular todas las acciones y procesos que se relacionen con la cultura, la paz, la educación, el tejido social y, obviamente, los derechos, con el fin de reorientarlos hacia la exigibilidad, promoción y respeto de los mismos, lo cual implica procesos de educación, visibilización, incidencia, gestión, cooperación, resistencia y resiliencia, acompañamiento y trabajo comunitario e institucional.
Ideas de proyectos priorizados
- Creación y consolidación de semilleros de derechos humanos para una cultura de paz, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- Diseño de una agenda regional de derechos humanos (instancias de participación, rutas de formación, incidencia) que se lleve al nivel barrial y veredal.
- Procesos y rutas de formación en equidad de género y derechos de las mujeres.
- Actos deportivos o instalaciones artísticas para promoción de los derechos humanos y la reparación simbólica de las víctimas.
- Formación profesional para líderes y lideresas en temas relacionados con la construcción de paz.
Contexto
En Córdoba, Urabá y el Darién chocoano se han presentado, históricamente, violaciones sistemáticas a los derechos humanos; alrededor de 720 mil personas (casi el 25% de los habitantes de la región) han sido víctimas directas del conflicto armado interno que vive el país. Todas las formas de violencia han golpeado a esta región: asesinatos, desplazamientos, masacres, desapariciones forzadas, minas antipersona, entre otras y todos los grupos armados ilegales han hecho presencia en ella; a esto se suma la connivencia de miembros activos de la Fuerza Pública con grupos al margen de la ley en las economías ilícitas. Lastimosamente, los líderes sociales han sido amenazados, estigmatizados, deslegitimados y asesinados.
La situación de violencia vivida en el sur de córdoba, zona en la que van ocho líderes asesinados desde febrero de 2018, entre ellos, tres beneficiarios del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito a quienes el Gobierno no les cumplió los pagos contemplados en esta política, parece no tener fin, incluso, los grupos al margen de la ley han retomado procedimientos atroces que parecían haber quedado en el olvido, como la tortura, el desmembramiento y la decapitación.
Por otra parte, la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, así como la restitución de tierras y las garantías de no repetición, no han sido efectivas o no han llegado a todas las víctimas, quedando estas a merced de su propia suerte. En este sentido, sin la acción de las iglesias, organizaciones sociales, la cooperación internacional o las personas particulares, las víctimas se encontrarían en peor situación.
Ante la inoperancia, desinterés o adversidad del gobierno actual frente al tema de la garantía y exigibilidad de derechos humanos, urge visibilizar y exigir ante los organismos e instancias internacionales, toda la problemática relacionada, y gestionar apoyos y recursos para sacar adelante temas que han ido quedando al margen y que requieren ser tenidos en cuenta, tal es el caso de los temas relacionados con la Verdad, la Justicia, las víctimas, la construcción de paz, la reconciliación, la sana convivencia y la Memoria. La acción del Estado no puede reducirse al envío del Ejército a las zonas afectadas y a la comunicación oficial de las dadas de baja.
Es sabido, por otra parte, que grupos poderosos han incidido en castrar o deslegitimar el alcance de los mecanismos de participación ciudadana y de protección de derechos, lo cual constituye un reto inmenso en el campo de los derechos humanos. La consulta previa y la consulta popular, por ejemplo, han sido deterioradas en favor de intereses económicos y políticos particulares.
Por otra parte, en tanto se considera como una desgracia para los derechos humanos (Sané, 2008), la pobreza debe abordarse como la negación total de los derechos humanos y debe dejar de ser vista solo como pobreza monetaria.
Enfoque.
El enfoque es el de derechos, lo cual implica que las y los pobladores del territorio los exijan, respeten y promocionen; esto se traduce en una convivencia sana, en la que se tramiten los conflictos de manera creativa y pacífica, y en niveles de bienestar en el que las personas puedan desarrollar un proyecto o plan de vida en óptimas condiciones, en una responsabilidad del Estado frente al bienestar y desarrollo integral de las personas y en un apoyo de los organismos supranacionales para la garantía de dichos derechos.