En Córdoba, Urabá y el Darién chocoano se han presentado, históricamente, violaciones sistemáticas a los derechos humanos; alrededor de 720 mil personas (casi el 25% de los habitantes de la región) han sido víctimas directas del conflicto armado interno que vive el país. Todas las formas de violencia han golpeado a esta región: asesinatos, desplazamientos, masacres, desapariciones forzadas, minas antipersona, entre otras y todos los grupos armados ilegales han hecho presencia en ella; a esto se suma la connivencia de miembros activos de la Fuerza Pública con grupos al margen de la ley en las economías ilícitas. Lastimosamente, los líderes sociales han sido amenazados, estigmatizados, deslegitimados y asesinados.

La situación de violencia vivida en el sur de córdoba, zona en la que van ocho líderes asesinados desde febrero de 2018, entre ellos, tres beneficiarios del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito a quienes el Gobierno no les cumplió los pagos contemplados en esta política, parece no tener fin, incluso, los grupos al margen de la ley han retomado procedimientos atroces que parecían haber quedado en el olvido, como la tortura, el desmembramiento y la decapitación.

Por otra parte, la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, así como la restitución de tierras y las garantías de no repetición, no han sido efectivas o no han llegado a todas las víctimas, quedando estas a merced de su propia suerte. En este sentido, sin la acción de las iglesias, organizaciones sociales, la cooperación internacional o las personas particulares, las víctimas se encontrarían en peor situación.

Ante la inoperancia, desinterés o adversidad del gobierno actual frente al tema de la garantía y exigibilidad de derechos humanos, urge visibilizar y exigir ante los organismos e instancias internacionales, toda la problemática relacionada, y gestionar apoyos y recursos para sacar adelante temas que han ido quedando al margen y que requieren ser tenidos en cuenta, tal es el caso de los temas relacionados con la Verdad, la Justicia, las víctimas, la construcción de paz, la reconciliación, la sana convivencia y la Memoria. La acción del Estado no puede reducirse al envío del Ejército a las zonas afectadas y a la comunicación oficial de las dadas de baja.

Es sabido, por otra parte, que grupos poderosos han incidido en castrar o deslegitimar el alcance de los mecanismos de participación ciudadana y de protección de derechos, lo cual constituye un reto inmenso en el campo de los derechos humanos. La consulta previa y la consulta popular, por ejemplo, han sido deterioradas en favor de intereses económicos y políticos particulares.

Por otra parte, en tanto se considera como una desgracia para los derechos humanos (Sané, 2008), la pobreza debe abordarse como la negación total de los derechos humanos y debe dejar de ser vista solo como pobreza monetaria.