En nuestro país se ha reducido la democracia a lo electoral y representativo, dejando de lado otros tipos de democracia más acordes con la Constitución Política y el carácter pluralista de Colombia en cuanto a lo territorial, lo étnico e ideológico; en este sentido, tanto la democracia participativa, como la deliberativa, si bien son reconocidas e impulsadas desde las distintas normas, aún carecen de la amplia aceptación y ejercicio que se esperaría después de tantas luchas sociales por gobiernos más incluyentes, que piensen y miren al país desde las regiones y se centren en el bienestar o garantía de derechos de sus ciudadanos. Son estos mismos los que aún no transitan desde un rol de consumidor de los servicios del Estado (súbditos, según la tipología de Almond y Verba, 1967) a un rol de sujeto político, según las características que le da la RedProdepaz.

Incluso, en cuanto a lo electoral, la participación es deficitaria en lo cuantitativo (el abstencionismo es del 50% en elecciones presidenciales, del 33% en elecciones locales y de más del 50% en plebiscitos o consultas) y en lo cualitativo (el voto programático y consciente aún no cala en la ciudadanía); ni qué decir de los diversos delitos electorales que se dan en cada ciclo y de la corrupción que campea en todos los ámbitos de la vida pública. Y es que en la coyunturas electorales se asiste al hecho de que excalcaldes y excongresistas tachados de corruptos o con procesos abiertos por corrupción, se lancen ellos o lancen a sus amigos y familiares a la arena electoral y, por falta de competencias ciudadanas y delitos electorales como la transhumancia o la compra de votos, salgan elegidos, perpetuando, de esta manera su hegemonía corrupta y, a veces mafiosa, con el consecuente perjuicio para el desarrollo y la paz de la región.

La participación en las diversas instancias establecidas por ley o ganadas a través de luchas sociales es muy baja: solo el 0,05% de las y los colombianos, participa en alguna de ellas, según la Encuesta de cultura política del Dane (2017).

Este panorama configura un matrimonio trágico entre corrupción de los que gobiernan e indiferencia de los ciudadanos.