La incidencia del conflicto armado en el territorio, y su concurrencia con otras problemáticas que afectan el desarrollo como la degradación ambiental, el cambio del uso del suelo o la actividad minera, ha conllevando a la pérdida de cobertura boscosa, así como al aumento de las brechas socioeconómicas territoriales (Rodríguez, A. Promoción de la conciencia ambiental y el Cambio Climático en las comunidades: 2018).

A lo anterior se suma la concentración de la tierra, el modelo de producción extensiva, el consumo y prácticas agropecuarias irresponsables, así como la puesta en marcha de proyectos energéticos que han ocasionado la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y el aumento de vulneración al cambio climático (aumento de los niveles del mar, aumento de la temperatura, etc.).

Por otra parte, las coberturas boscosas (que en el caso de Urabá presentan al 52,46% del área de la región) son estratégicas en la protección de hábitats de especies estratégicas; estos bosques y los de municipios como San Antero, que poseen miles de hectáreas de bosques mangláricos, se encuentran amenazados por la acción de proyectos minero-energéticos o de infraestructura.

Las amenazas de los proyectos minero energéticos, la baja capacidad de reacción de los gobiernos para afrontar los retos que plantea el clima extremo y la poca educación ambiental, así como la precaria situación que viven comunidades enteras, relacionadas con el no acceso a la tierra y a mercados, las semillas, los insumos, el apoyo técnico y el capital financiero, se constituyen en retos del PDP, ni que decir, del desinterés de los gobiernos por invertir en el campo, la desruralización de este debido a las pocas oportunidades para el desarrollo de un proyecto de vida y la presencia de grupos armados ilegales que afectan la vida, honra, dignidad, propiedad y demás principios y derechos en los campos.